En tiempos de reducción de riesgos y daños, muchos insisten en la idiotez de la dicotomía……

La conclusión en cuanto a las políticas públicas que se ejecutan en este país y particularmente en nuestra provincia, Córdoba, están ligadas fuertemente a la ignorante dicotomía reinante.
Al margen de los imaginarios colectivos inundados de estereotipos, estigmas, mitos y conocimientos mundanos (que no apelan a la evidencia científica), que establecieron lo que se considera o no una “droga”, sabemos que una droga es cualquier sustancia natural o sintética que al ser consumida, altera el estado de ánimo, percepción y/o conducta de las personas.
Desde este punto puedo asegurar que una droga es una sustancia que por ella misma no puede considerarse ni buena ni mala, sino que es la manera de vincularse con ellas la que nos llevará a hablar de riesgos y daños.
Para una dependencia debería proyectarse un aumento cuantitativo y cualitativo de consumo, hasta el punto en que no existiría un proyecto de vida por fuera de esta conducta de consumo.
En el ámbito de la intervención, las ONG´s, trabajamos específicamente la línea de la reducción de la demanda, es decir, implementamos una serie de acciones sanitarias y sociales que tienen como objetivo la prevención, la reducción de daños, el tratamiento y/o la reinserción social.
Tampoco desestimamos las graves consecuencias derivadas de las políticas penales en la lucha contra las drogas y, especialmente, contra las personas que las consumen, ya que su endurecimiento siempre es progresivo.
Lamentablemente siempre recae sobre las personas más vulnerables, aquellas que se encuentran fuera del foco social de oportunidades, de esta manera se sigue estigmatizando la criminalización de la pobreza y justificando el encarcelamiento como única solución a estos problemas sociales, más allá de que sabemos cuáles son los daños colaterales de una intervención penal, y también sabemos que hoy por hoy esta, requiere de muchos replanteamientos.
Las políticas públicas en ambas líneas deberían servir para buscar estrategias que equilibren estas desigualdades, faciliten la calidad de vida y de convivencia de todas las personas.
Los equipos políticos y técnicos de los gobiernos que están a cargo del problema droga, deberían dotarse de formación, conocimiento y contenido que les ayuden a defender y poner en práctica políticas públicas, servicios y programas imprescindibles para la salud mental y el bienestar colectivo, más allá de su impronta, su ego, y su profesión.
Es utópico, ya que lo abusos de autoridad cometidos por estos equipos están a la orden del día, vemos aparecer un nuevo secretario que implementa abordajes por demás de vetustos y que están comprobados en su fracaso, y suena como un deber acoplarnos a esta política, por más que vaya en contra de las nuevas leyes de salud mental.
Yo opino que estos equipos muchas veces se aferran a estas prácticas por desconocimiento o por miedo a recibir críticas, o deban afrontar dificultades en su implementación, y quedarse sin el jugoso sueldo de político, y/o destruya su egocentrismo.
Dada la complejidad del consumo de drogas, un gran número de metodologías de intervención se han puesto en práctica y se han evaluado en diferentes contextos sociales y culturales.
La mayoría de ellas no se han fundamentado en la atención integral de la persona, ni en el posicionamiento de salud pública, ni en el respeto a los derechos humanos, ni en el principio fundamental de la libre elección personal a la hora de ingresar o no en un programa de tratamiento.
En Argentina y otros lugares, se siguen aplicando sistemas de castigo y reclusión (cárcel, o internación en neuros o ct bajo exigencia judicial), basados en una concepción delictiva del consumo y, por tanto, en el control jurídico-médico-policial como método básico de abordaje.
Desde Pro-joven apuntamos a la propuesta de reducción de daños, es un enfoque en desarrollo constante e implementado en las políticas de drogas a nivel mundial desde hace varios años, y va tomando mayor fuerza, tanto en la política internacional como en políticas locales, esto a pesar de los poderes (modelos),hegemónicos reinantes tales como el médico-sanitario y el ético-jurídico, sin olvidarnos del orden religioso que adopta nuestro país (vaya a saber uno porque adoptamos una religión)
Se trata de un enfoque pragmático y humanitario orientado a la disminución de los daños personales y sociales asociados al consumo de drogas, poniendo énfasis en llegar al que no llega y, desde su realidad, iniciar y acompañar su proceso de intervención.
Para muchas personas que usan drogas existen objetivos lejanos, impensables y, por lo tanto, lo que pretendemos es contactar con esta población desde la realidad de su situación y sus posibilidades para iniciar un proceso que puede acabar en ser alguien libre de drogas o, al menos, en mejorar su calidad de vida, reduciendo los daños y riesgos para sí mismas y para la sociedad, y evitar que se convierta en un problema de salud pública.
En la reciente historia, el consumo de drogas llegó a ser una de las primera causas de muerte entre la juventud de las grandes ciudades, a finales de los ochenta y principios de los años noventa. Si bien se contaba con una red articulada de servicios específicos para el tratamiento de las adicciones (servicios hospitalarios, ambulatorios, comunidades terapéuticas, pisos de inserción, etc.), el abordaje a través de los tratamientos orientados únicamente a la abstinencia resultó ser insuficiente e ineficaz para las personas con mayores dificultades.
Si de adquirir conocimientos hablamos, debemos tener una mirada crítica, y adoptar políticas que funcionen, no las que me gustan, no las que me dicta la ética o la moral, la economía, y la iglesia, y muchos menos manejarnos desde la dicotomía simplista de lo legal e ilegal, lo sagrado y lo pagano, lo ancestral y lo recreativo, y lo más dicotómicamente idiota: “lo bueno y lo malo”

Roberto Cabrera.
Director
CTI Pro-Joven.

fte: RIOD-2018-
La Reducción de daños
en la intervención con drogas
“concepto Y buenas prácticas”